La habilitación de la gestión web de copias certificadas de actas -de nacimiento, de matrimonio, etcétera-, por parte del Gobierno provincial representa un rotundo avance hacia el tan necesario e-gobierno.
El año pasado en Tucumán se habilitó la posibilidad de gestionar online el certificado de antecedentes penales -popularizado como “certificado de buena conducta”-. El sistema -el sitio da cuenta de que se encuentra “momentáneamente fuera de servicio”- permitía solicitar turnos y descargar el documento en formato PDF con doble validación, incluso con opciones de emisión urgente en 24 a 72 horas. Cabe esperar que pronto vuelva a estar activo, porque se trataba de un paso significativo hacia la eficiencia y la seguridad jurídica.
A esto debe sumarse el sólido compromiso con la transparencia y con el gobierno electrónico que mostró recientemente la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Semanas atrás, las autoridades habilitaron un portal de transparencia, que integra resoluciones, gastos, licitaciones y concursos, permitiendo al público consultarlos de forma reactiva u activa. Este accionar posiciona a la UNT entre las universidades más transparentes del país.
En paralelo, la casa de Terán lanzó el primer Boletín Oficial Digital, donde publica normativas, resoluciones y actos administrativos no solo del Rectorado, sino también de las unidades académicas. Esto fortalece el acceso público y la rendición de cuentas.
Estas herramientas implican real impacto. En el caso de la UNT, los estudiantes y sus padres, los docentes, los no docentes, los graduados y la comunidad en general pueden ver desde su propios celulares dónde destina la UNT sus recursos, y de qué manera.
Y en el caso de la gestión de actas digitalizadas del Registro Civil, la medida conlleva múltiples beneficios. Entre otros se le simplifica el trámite, porque se eliminan filas, turnos presenciales y desplazamientos físicos -en particular, esto faviorece a adultos mayores, a trabajadores con turnos rígidos y a ciudadanos del interior-. Además, aumenta la eficiencia y genera ahorro, porque al digitalizar las actas se reduce el uso de papel. También crece la transparencia y la confianza, porque la firma electrónica, los códigos QR verificables, portales públicos y boletines oficiales accesibles refuerzan el control ciudadano sobre la gestión pública.
El seguro éxito del sistema en el Registro Civil abre caminos para la digitalización de otros trámites: permisos comerciales, licencias, certificados municipales y universitarios. Este efecto multiplicador fortalecería un ecosistema digital interconectado.
El desafío es sostener este impulso. Las plataformas deben contar con interfaces amigables y responsivas, diseñadas para dispositivos móviles de gama media -los más comunes-. Además, resulta imprescindible que se ofrezca asistencia técnica y que se facilite el acceso a quienes manifiesten limitaciones tecnológicas o de conectividad. Y no resulta menor que se garantice la seguridad informática; es decir, que se protejan los datos sensibles para evitar filtraciones.
Este viraje debe representar un cambio cultural: el Estado debe dejar atrás definitivamente documentos manuscritos, trámites en ventanillas y burocracias rígidas; y avanzar hacia una administración digital, abierta, eficiente y en constante renovación